Suprema injusticia: ¿qué podíamos esperar?

Secuestrada por traficantes de la ley, sepultureros de la justicia y delincuentes de toga y birrete, sumisos incondicionalmente al Poder Ejecutivo -aunque no tanto como al poder fáctico del crimen organizado, por lo visto-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sus tres años de inexorable descomposición, primero avaló el desafuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y favoreció más de una vez al genocida Luis Echeverría Álvarez; después bendijo el golpe de Estado y la militarización del país, así como el anatocismo, que no es otra cosa que la usura; ahora legitima la pederastia (o sea, la explotación sexual de menores, el tráfico de niños para uso y abuso sexuales, o sea, la prostitución y la pornografía infantiles), además del secuestro y la tortura, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo también en los estados, la del Ejecutivo a "particulares" y la degradación del aparato completo de "justicia" para ponerlo al servicio de una venganza personal, todo en el caso de la violación a las garantías individuales de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro.
Como es previsible, la "suprema corte de inmundicia de la nación" (Jesusa Rodríguez dixit) o preciosa corte de injusticia o corta de justicia o cohorte de supremas absoluciones y exoneraciones a pederastas y gobernadores corruptos, avalará también el terrorismo de Estado en el caso de Oaxaca.
Por lo pronto, abundan antecedentes de la indignidad y el deshonor de la SCJN, en especial de su "ala conservadora", que es mayoritaria. Recordemos que su actual presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, violentó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al aceptar una controversia constitucional de Vicente Fox a finales de 2004, cuando los ministros estaban de vacaciones, y citó después una ley inexistente (el "Código de Instituciones y Procedimientos Federales"). Recordemos que Fox de Sahagún presentó la querella contra la Cámara de Diputados por los cambios que le había hecho a su Presupuesto de Egresos para 2005, y Ortiz Mayagoitia -que fungía como ministro instructor del caso- alegó entonces que un "acuerdo" del pleno de ministros podía suplantar a una ley.
Recordemos también que en 2005, el mismo ministro impidió que la Auditoría Superior de la Federación saneara y sancionara las irregularidades del rescate bancario detectadas en el Fobaproa-IPAB.
Recordemos además que, inicialmente, Ortiz Mayagoitia se opuso a que la Corte ejerciera su facultad constitucional de investigar el contubernio entre el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, y el empresario señalado como pederasta, José Kamel Nacif Borge, para detener y trasladar ilegalmente a Lydia Cacho, encarcelarla y vejarla, y que luego el ministro presidió la primera comisión integrada para tal investigación, la cual determinó que no hubo violaciones graves en este caso, dictamen que fue considerado como "insuficiente".
La comisión presidida más tarde por el ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, en cambio, recabó información consistente en pruebas documentales y periciales, testimonios de víctimas y funcionarios implicados (reunió declaraciones de 117 personas), sobre la confabulación y el abuso de poder, así como la existencia de una red internacional de pederastia que opera en Cancún, Quintana Roo, desde hace más de 20 años, con conexiones en por lo menos cinco entidades mexicanas y otros países. Este asunto, según el informe de la comisión, no ha sido atendido por autoridades federales, estatales ni municipales, lo que propicia una total impunidad (en los casos de Oaxaca y Puebla, confirma la prensa por estos días, los gobiernos locales atienden el problema con diligente prontitud... para darles todas las facilidades a los operadores y usufructuantes).
Integrada también por los ministros Sergio Alvarado Puente, Enrique Escobedo Ángeles y Emma Meza Fonseca, la comisión encabezada por Silva Meza consideró que Mario Marín había orquestado el atropello a las garantías individuales de Lydia Cacho, y lo responsabilizó de irregularidades, alteraciones, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de "particulares" en todas las etapas del proceso legal radicado en Puebla contra la periodista, así como de inconsistencias, contradicciones y falsedades en las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en el caso, y de violar los principios democráticos de federalismo, división de poderes e independencia judicial.
Como era de esperar, el informe fue rasurado y, antes de absolver al gobernador de Puebla, la SCJN decidió pasar por alto la relación del contubernio con la pederastia, no obstante que, según su propia investigación, hay más de 9 mil demandas por abuso sexual a menores de edad en Puebla, Quintana Roo y otras entidades... En otras palabras, el "pinche coscorrón" de Marín Torres a Lydia Cacho nada tiene qué ver con que ella hubiera mencionado a Kamel Nacif en su libro Los demonios del Edén, que trata sobre pornografía infantil, y el llamado góber precioso es inocente de todo, hasta del "pinche coscorrón", resolvió la Corte con seis votos contra cuatro.
Los ministros que votaron a favor de la impunidad y la ignominia una vez más son Guillermo Ortiz Mayagoitia (actual presidente), Mariano Azuela Güitrón (el abogado del desafuero), Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Armando Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. Cada uno gana 308 mil 333 pesos al mes, además de contar con privilegios inimaginables... y dos botellas bellísimas de coñac por su voto, pensarán los maliciosos. Un trabajador que reciba el salario mínimo de mil 517 pesos al mes tendría que ahorrar durante 17 años sin gastar nada para juntar el sueldo mensual de uno de estos señores que, por lo visto, le cuestan al país algo más que dinero.
En el cabildeo con los ministros para que votaran por la exoneración del góber precioso, además del propio Marín Torres y sus abogados, participararon: el ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz; el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones; el coordinador de la fracción parlamentaria del mismo partido en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón; el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes Linares, y el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel de Jesús Espino Barrientos, así como los abogados de Kamel Nacif. En la mayoría de los casos, es ampliamente conocida la relación de estos personajes con el capo de la pornografía infantil, Jean Succar Kuri.
Por último, no es un dato aislado que Fabián Aguinaco, uno de los defensores legales del gobernador de Puebla, junto con Alberto Zinser, sea hijo de José Vicente Aguinaco Alemán, quien fuera presidente de la SCJN desde 1995 hasta enero de 1999.

El club del contubernio

Con la absolución del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la SCJN exoneró a los demás funcionarios de la misma entidad implicados en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, a saber: el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; la juez quinta de lo penal, Rosa Cecilia Pérez González; la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villena Martínez; los agentes del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio Zavala Morales; el ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Káram Beltrán, el comandante Juan Sánchez Moreno y los agentes Jorge Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, de la misma corporación; hasta aquí todos poblanos.
Con su fallo a favor del precioso, la SCJN exoneró también al procurador de Justicia de Quintan Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, al subprocurador de la Zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento Silva, al ex director de Asuntos Jurídicos de la misma Subprocuraduría, Javier Brito Rosellón, y al director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Didier Vázquez Méndez, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.
La SCJN exculpó además a los "particulares" involucrados en el caso, principalmente al llamado rey de la mezclilla, Kamel Nacif Borge, cuya demanda legal contra la autora de Los demonios del Edén, que lo señala como pederasta, movilizó al aparato de "justicia" poblano y al de Quintana Roo; a Hanna Nakad Bayeh, ex propietario de un taller textil en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, ahora conocido por sus condiciones de esclavitud; a Luis Ángel Casas, también empresario de la industria textil y jefe de finanzas de Mario Marín durante la campaña por la gubernatura... Hay que escribir particulares entre comillas porque en realidad forman parte de una amplia red con hilos dentro y fuera del poder formal.
Otros funcionarios poblanos presumiblemente implicados son Valentín Meneses, director de Comunicación Social del gobierno del estado; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado de Mario Marín; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Rodolfo Igor Archundia Sierra, subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos; Luis Guillermo Arsención Serna, ex director de Averiguaciones Previas; José Adolfo Montes Pérez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Manuel Cándido Flores Mendoza, ombudsman local.
(Algunas fuentes mencionan a Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas, en vez de Rodolfo Igor Archundia Sierra).
Como suele operar la lógica de la impunidad -cuyo corolario en este caso es la absolución del precioso-, cuando cambia de parroquia a los curas pederastas y de cuartel a los soldados violadores, algunos de los servidores públicos aquí mencionados han sido removidos (que no cesados). Rosa Aurora Espejel, por ejemplo, fue cambiada a la Agencia Especializada en Homicidios. Luis Guillermo Arsención fue trasladado de la Metropolitana Sur a la Zona Norte. La Dirección de Mandamientos Judiciales, a cuyo Grupo de Aprehensiones estaban adscritos Juan Sánchez, José Montaño y Jesús Pérez, simplemente desapareció. Aunque menores, también hubo cambios en el Juzgado Quinto de lo Penal.

El caso Kamel Nacif Borge

Desde hace por lo menos una década, el empresario de la industria textil señalado como pederasta, Kamel Nacif Borge, pretende obtener concesiones para operar casas de juego, por ahora legalmente prohibidas en México. Con ese fin, en 1996 pagó 12.1 millones de dólares por el Condohotel Dunas, ubicado en la segunda fase de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, junto al hotel Marriot Casa Magna. Dicho inmueble, que había servido para consumar un gran fraude, debió ser demolido y en su lugar se construyó el JW Marriot con 451 habitaciones y una inversión de cien millones de dólares hacia mediados de 2001. Recientemente, con ayuda de Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas, el llamado Rey de la mezclilla ha tratado de rentar los locales y el estacionamiento del centro nocturno conocido como San Remo de las Estrellas (dos discotecas y un video bar), propiedad del empresario Salvador Constanzo, en la zona comercial más cotizada de Tuxtla Gutiérrez, para instalar allí un casino con juegos de apuestas; el contrato de renta sería por cinco años, inicialmente, y el objetivo: lavar dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de armas y la pornografía infantil.

Kamel Nacif es uno de los apostadores más grandes del mundo, el número dos después del australiano Kerry Packer. En Las Vegas, Nevada, es conocido desde que se presentaba con una identificación falsificada antes de cumplir los 21 años de edad requeridos por la ley para apostar. Ahora, cuando el empresario mexicano de origen libanés llega a Las Vegas, deja entre cuatro y cinco millones de dólares en depósito, y apuesta hasta 160 mil dólares por mano en cada jugada de baccarat , que es el límite máximo permitido por el casino. Con lo que Nacif pierde en una sola partida alcanzaría para pagar las deudas que Trans-Textil Internacional, una de sus empresas, dejó con trabajadores y proveedores de bienes y servicios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al declararse en quiebra y cambiar de nombre a Sprintex.
Ballenas , les llaman a los jugadores que apuestan a manos llenas y, con el dinero que pierden, hacen posible la construcción de hoteles como el Caesar's Palace de Las Vegas. En un cuarto de ese hotel, irónicamente, Nacif Borge fue arrestado el 15 de mayo de 1993 a patición de las autoridades mexicanas por evadir el pago de 50 millones de pesos al fisco. Como se sabe, Jack Binion, dueño del Casino Horseshoe, pagó la fianza fijada en dos millones de dólares para que la ballena saliera en libertad, y luego le prestó cuatro millones más para que siguiera jugando. Según Chicago Tribune , el préstamo "fue un calculado riesgo personal" de Binion para congraciarse con Nacif, lo cual funcionó, pues el empresario ludópata perdió después unos trece millones de dólares apostando en el Horseshoe. Lo que no se sabe es por qué las autoridades mexicanas se desistieron de su acusación.
Un informe presentado en abril de 2003 por el observatorio de casas de juego Gambling Research Information & Education Foundation, de Estados Unidos, liga los nombres de Nacif y Binion con el lavado de dinero, relación que ha sospechado siempre la Junta de Supervisión del Juego en el estado de Nevada. El 9 de julio de 2000, The Sun Herald hizo públicas las pesquisas de la Comisión de Control de Apuestas para comprobar los nexos de ambos personajes con el crimen organizado.
Prohibido en los años treinta por el presidente Lázaro Cárdenas, el "juego con apuestas" ha sido muy debatido en el Congreso de la Unión y, a la luz de la promulgación de la llamada Ley Televisa , no sería raro que la próxima legislatura aprobara una minuta a favor del establecimiento de casinos (lo raro es que no haya sucedido aún). Como Televisa, TV Azteca y Telmex en el caso de las reformas recientemente aprobadas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, principalmente, estarían detrás de una eventual legalización del juego en México. Desde luego, también lo estarían mandatarios de estados como Puebla, Tlaxcala, Coahuila, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo, entre otros, además de sus respectivas legislaturas locales.
Kamel Nacif Borge, cuyo poder corrompe a gobernadores y jueces, al obtener una concesión para operar casinos en las zonas hoteleras de Cancún y Tuxtla Gutiérrez, sería el prestanombres de los grandes capos del juego a nivel mundial, como Jack Binion, y de otros empresarios, así como de algunos funcionarios públicos al servicio de intereses privados y, por supuesto, del crimen organizado. Finalmente, a pesar de las facilidades y los millonarios estímulos oficiales, el negocio más lucrativo no es la maquila de pantalones y playeras, sino las apuestas.

Pederastas en Ciudad Juárez

¿Qué relación puede haber entre la pederastia y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua? Si algo tienen en común estos fenómenos es la impunidad asegurada por las complicidades. Veamos. Kamel Nacif Borge es protector del pederasta confeso Jean Succar Kuri y patrocinador de Vamos México, la fundación de Marta Sahagún de Fox. Lino Korrodi, artífice financiero de Amigos de Fox, es suegro de Valentín Fuentes Téllez, uno de los autores del genocidio en Ciudad Juárez, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
La explotación laboral en la industria textil -y las maquiladoras en general, tratándose de Ciudad Juárez- hace de las mujeres trabajadoras una mercancía más, un objeto de consumo desechable, y en la investigación sobre la conjura contra Lydia Cacho hay una "conversación pendiente" entre Lino Korrodi y el llamado rey de la mezclilla.
Otros familiares de Valentín Fuentes Téllez son distribuidores de gas en la frontera norte del estado, así como en España y Guatemala (más del 90 por ciento de la importación en este país), donde tiene lugar el síndrome de Ciudad Juárez desde el año 2000. Esta familia contó con la protección de Francisco Minjares, jefe del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, involucrado con el narcotráfico y "uno de los policías más corruptos y asesinos del estado", a decir del FBI. Minjares había concluido su investigación -plagada de irregularidades, como testimonios conseguidos bajo coacción- contra Abdel Latif Sharif Sharif, presunto asesino de mujeres en Ciudad Juárez, cuando fue acribillado en Chihuahua en 2003. Una de sus encomiendas, antes de abandonar la corporación en 2002, era la protección especial a familias poderosas del estado.

Yunes forever

Miguel Ángel Yunes Linares, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, es socio y cómplice de Jean Succar Kuri desde 1985 y actualmente aliado de Francisco Barrio Terrazas, que fue secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) hasta 2003 y jefe de la bancada panista en la Cámara de Diputados desde entonces. Francisco Barrio, uno de los hombres más cercanos a Vicente Fox, había sido presidente municipal de Ciudad Juárez y llegó a la gubernatura del estado en 1992, año en que sucedieron los primeros casos de mujeres asesinadas con patrones similares en Ciudad Juárez. Durante el mandato de Barrio Terrazas como gobernador, el cártel de Juárez se expandió hasta ser el más grande del país, con Amado Carrillo Fuentes a la cabeza, desplazando incluso a los colombianos. De hecho, Francisco Barrio tomó posesión del cargo en octubre de 1992, unos meses antes de que Amado Carrillo asumiera el control del cártel en abril de 1993, tras la detención del jefe anterior. Cabe recordar que Barrio culpó de su propia tragedia a las mujeres secuestradas, ultrajadas, mutiladas y asesinadas en Ciudad Juárez por ser "provocativas" y consideró "normal" el número de casos.
A pesar de los indicios de negligencia, omisión y encubrimiento en las investigaciones, indicios ampliamente documentados por las madres de las mujeres asesinadas, algunos funcionarios del equipo de Francisco Barrio ocuparon puestos de alto nivel después en el gobierno federal, como el ex procurador de justicia Francisco Molina Ruiz y el ex primer comandante de la Policía Judicial Alejandro Castro Valles.
Hemos insistido en que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) de México como la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), conocen los nexos de Miguel Ángel Yunes con el narcotráfico, y este personaje -señalado además como pederasta por algunas de las víctimas de Succar Kuri- apoyó recientemente las aspiraciones presidenciales de Francisco Barrio Terrazas.
Si algo tienen en común los pederastas y los autores de la barbarie en Ciudad Juárez y otras ciudades, inclusive de Guatemala, es su relación con el narcotráfico y el financiamiento a campañas electorales como la de Mario Marín, "El Góber Precioso", y la de Vicente Fox, gobernantes que a su vez tienen en común deudas inconfesables con el crimen organizado.

Ahora resulta que Kamel Nacif está ligado también a la red de pederastas que opera en el norte del país, concretamente en Torreón, y que los gobernadores sucesivos de Coahuila y sus respectivos procuradores, así como jueces y demás, son cómplices de criminales. ¡Qué novedad! ¿Hay alguna diferencia entre los pederastas y narcotraficantes de Cancún, Puebla y Torreón?

Bien por el reportaje de Blanche Petrich (primera y segunda parte), como siempre.

¿Quién gobierna en México?

La principal diferencia entre Mario Villanueva Madrid y Félix González Canto es que uno está en la cárcel y otro no. En cambio, la diferencia entre Mario Villanueva y Miguel Ángel Yunes Linares es más grande. Ambos dieron protección al cártel de Juárez, uno como gobernador de Quintana Roo y otro como secretario general de gobierno en el estado de Veracruz, pero mientras el primero está preso en el penal de alta seguridad de La Palma, Almoloya de Juárez, el segundo es custodio de ese y los demás reclusorios del país, ahora como secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública en el gobierno federal, aberración que la mayoría de los analistas reduce a la alianza entre Vicente Fox Quesada y Elba Esther Gordillo, como si detrás del poder político no estuviera también el poder económico del crimen organizado.
Más que una alianza táctica para enfrentar al PRI y al PRD, tanto en el Congreso de la Unión como en las urnas, al encumbrar aún más a Yunes Linares, Fox Quesada refuerza sus vínculos con pederastas y narcotraficantes para saldar deudas antes de abandonar el cargo. ¿A quién sorprende hoy este hecho, una vez conocida la impunidad que los secuestradores, violadores, torturadores y asesinos de mujeres en Ciudad Juárez le deben a la connivencia de la administración en turno?
Félix González Canto debería estar en prisión o al menos bajo proceso judicial por el caso de Mayra Ayuso Rodríguez, que tenía 16 años de edad cuando fue asesinada a golpes el 9 de noviembre de 1999 en un lote baldío, cerca del aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo, por sicarios al servicio del ex director de la policía municipal, un conocido pederasta de apellido Rocha. La muchacha esperaba un hijo como producto de abuso sexual y atribuía la paternidad a Félix González, entonces presidente municipal y ahora gobernador del estado, que ha sido señalado como autor intelectual del crimen por uno de los asesinos materiales. La averiguación previa 1100/99, iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, en donde consta esta acusación, desapareció durante más de un lustro y fue sustituida por un expediente encubridor, pero reapareció en febrero del año pasado, horas antes de las elecciones locales, lo cual no obstó para que González Canto obtuviera la gubernatura ni para que los matones siguieran en libertad. El ex director de la policía municipal de Cozumel ni siquiera fue citado a declarar. Cuando Félix González concluya su mandato, quizás ocupe un cargo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del próximo gobierno federal.
Miguel Ángel Yunes, por su parte, ha sido socio del pederasta Jean Succar Kuri desde que fue subdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) entre 1985 y 1987, y es mencionado varias veces en los testimonios de por lo menos veinte niñas que fueron víctimas de Succar Kuri, y en oficios enviados y recibidos por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), como su amigo y participante en las orgías que organizaba el empresario con menores de edad en las Villas Solymar de Cancún, Quintana Roo.
Como secretario general de gobierno en Veracruz, durante el mandato de Patricio Chirinos Calero, entre 1992 y mediados de 1997, Yunes tuvo tratos con el cártel de Juárez, entonces encabezado en la entidad por Albino Quintero Meraz, que pagó quince millones de dólares por protección del estado y transportó en promedio 800 kilogramos de cocaína en cada viaje de Colombia a Veracruz. El director de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong, principal captor de Mario Villanueva, estaba por atrapar también al capo de la droga cuando fue contactado por Yunes para "que arreglaran las cosas de mejor manera y no siguieran con las investigaciones contra Quintero Meraz", que fue detenido finalmente por el ejército federal en mayo de 2002 y está preso en el mismo penal que Villanueva Madrid. Ventura Moussong fue asesinado el 30 de julio de 2002 por un comando armado en la Ciudad de México.
La recurrente represión durante la gestión de Miguel Ángel Yunes al frente de la Secretaría General de Gobierno en Veracruz fue objeto de 17 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que además consideró insatisfactorio el cumplimiento de varias de ellas.
Siendo diputado federal, al saber de la detención de Jean Succar en Chandler, Arizona, Yunes Linares solicitó al entonces delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Miguel Ángel Hernández Castrillón, "la no acción penal" en su contra. "Por instrucciones", la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo congeló así la averiguación previa 7431/2003 que involucra a Yunes. Dicha indagatoria es una de las tres que -junto con la 447/2003 y la 7151/2003- inició la procuraduría local en contra de Succar Kuri, entre otros, por el delito de corrupción de menores.
Poco después, Hernández Castrillón fue detenido y trasladado a la Ciudad de México por haber encubierto la entrada del narcotráfico a Quintana Roo, mientras que Miguel Ángel Pech Cen, ex subprocurador local en la zona norte del estado, fue transferido a la zona sur después de haber facilitado la huida del pederasta a Estados Unidos, en coordinación con Leidy Campos Vera, subdirectora de averiguaciones previas de la procuraduría local, y Francisco Argüelles Mandujano, comandante de la policía judicial del estado, conocido en Cancún como protector de las narcotienditas y detenido por la PGR después de una masacre de policías y narcotraficantes.
Ni la PGR ni la procuraduría local han cerrado el caso de Yunes Linares, pero lo mantienen congelado.
Durante su gestión como director general de Prevención y Readaptación Social, cuando los reclusorios del país eran administrados por la Secretaría de Gobernación, sus colaboradores fueron acusados de corrupción, lo cual no obstó para que después los promovieran. José Luis Lagunes López, por ejemplo, dirigió los penales de Veracruz y ahora trabaja de nuevo con Yunes en la SSP desde que sustituyó en enero del año pasado a Carlos Tornero Díaz como director general del órgano descentralizado que administra las cárceles federales. Después de tres años en el puesto, Carlos Tornero renunció a raíz de los asesinatos, en el penal de La Palma, de Miguel Ángel Beltrán Lugo y Arturo Guzmán Loera, hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente prófugo.
En enero del año pasado, Vicente Fox nombró a Miguel Ángel Yunes subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, cargo nuevo en la SSP; de hecho, el mismo día que fue creado el gabinete de seguridad se emitió el reglamento que añade dos subsecretarías a la SSP, la encargada a Yunes y la de Política Criminal, donde fue designado Rafael Gerardo Ríos, procedente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior lleva inevitablemente a que nos preguntemos qué tipo de compromisos tiene Vicente Fox y con quién. ¿Por qué tarda tanto el proceso de extradición de Jean Succar Kuri, preso todavía en la cárcel de Alburquerque, Arizona? Más de dos años es demasiado tiempo. ¿Por qué sigue en libertad un pederasta explotador como Camel Nacif Borge? ¿Por qué sigue siendo gobernador de Quintana Roo un presunto violador asesino? ¿Y por qué sigue siendo góber de Puebla "El Precioso"? Recordemos que la familia Succar Kuri tiene negocios en sociedad con la familia Fox Quesada en Guanajuato desde hace más de cuarenta años. Recordemos que Nacif Borge, también de origen libanés, es beneficiario del Fobaproa y benefactor de Vamos México, la fundación de Martha Sahagún de Fox.
Esta red de complicidades hace que nos preguntemos también quién gobierna en México. ¿El crimen organizado? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Hasta dónde llega el poder asesino del narcotráfico, el tráfico de armas, la prostitución infantil y el lavado de dinero? El encumbramiento de gente como Félix González Canto y Miguel Ángel Yunes Linares, en el mejor de los casos, es un signo ominoso, un síntoma preocupante, una mala señal.

El caso Miguel Ángel Yunes

Según una investigación de la Agencia Proceso (Apro), que cita Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la Procuraduría General de la República (PGR) conoce los vínculos de Miguel Ángel Yunes Linares con el narcotráfico y el crimen organizado desde 2001, y hasta la fecha no ejerce acción penal al respecto. Por el contrario, el presidente de la República, Vicente Fox Quezada, lo nombró en enero del año pasado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Yunes Linares fue titular de la Secretaría General de Gobierno en el estado de Veracruz entre 1992 y mediados de 1997, bajo el mando de Patricio Chirinos Calero, tiempo en el que ambos personajes dieron protección a Albino Quintero Meraz, miembro del cártel de Juárez. A la muerte de Amado Carrillo Fuentes, líder de la organización criminal, Albino Quintero sentó sus reales en los estados de Veracruz y Tamaulipas, hasta que fue capturado el 2 de mayo de 2002 por el ejército federal mexicano.
Quintero Meraz era propietario de un Lear Jet que le costó 750 mil dólares y que tripulaba el capitán Arnaiz. Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes se lo pedían prestado, y el narcotraficante les pagó quince millones de dólares por protección del Estado, pues su avión transportaba un promedio de 800 kilogramos de cocaína en cada viaje de Colombia a Veracruz. Yunes supo de estas cargas y subió la cuota de protección a 25 millones de dólares. Con parte de ese dinero se compró un yate de lujo que navega con el nombre de Fedayin y que alguna vez encalló en las playas de Cancún frente a las Villas Solymar, donde hacía de las suyas el pederasta Jean Succar Kuri.
La Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) de Estados Unidos y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de México, asegura la Apro, tienen pruebas contundentes de lo anterior en testimonios grabados de testigos protegidos.
A principios de 2002, el director de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong, envió un oficio confidencial al fiscal especial de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO), Eduardo Berdón Toledo, urgiéndolo a reunirse con el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, ya que Yunes y Chirinos "fomentaron las actividades del narcotráfico y en concreto recibieron alrededor de quince millones de dólares".
Ventura Moussong había confiado a algunos allegados que temía por su vida, y el 30 de julio de 2002, pocos días después de hallar la pista de Albino Quintero, fue asesinado a tiros por un grupo de sicarios. Tenía 41 años de edad y era el principal captor de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, también involucrado con el narcotráfico y el crimen organizado. Este asesinato no ha sido esclarecido, aunque Miguel Ángel Yunes había contactado a Juan Carlos Ventura para proponerle "que arreglaran las cosas de mejor manera y no siguieran con las investigaciones sobre Quintero Meraz", a decir de la Apro.
Por su parte, Joaquín Legarreta, agente de la DEA adscrito a la embajada de Estados Unidos, expresó entonces su molestia por la impunidad de Chirinos y Yunes ante la gran cantidad de pruebas acumuladas en su contra por la PGR desde 2001.
A los nexos criminales de Yunes, habría que agregar el expediente represivo que motivó 17 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobierno en el estado de Veracruz.