El club del contubernio
Con la absolución del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la SCJN exoneró a los demás funcionarios de la misma entidad implicados en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, a saber: el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; la juez quinta de lo penal, Rosa Cecilia Pérez González; la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villena Martínez; los agentes del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio Zavala Morales; el ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Káram Beltrán, el comandante Juan Sánchez Moreno y los agentes Jorge Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, de la misma corporación; hasta aquí todos poblanos.
Con su fallo a favor del precioso, la SCJN exoneró también al procurador de Justicia de Quintan Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, al subprocurador de la Zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento Silva, al ex director de Asuntos Jurídicos de la misma Subprocuraduría, Javier Brito Rosellón, y al director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Didier Vázquez Méndez, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.
La SCJN exculpó además a los "particulares" involucrados en el caso, principalmente al llamado rey de la mezclilla, Kamel Nacif Borge, cuya demanda legal contra la autora de Los demonios del Edén, que lo señala como pederasta, movilizó al aparato de "justicia" poblano y al de Quintana Roo; a Hanna Nakad Bayeh, ex propietario de un taller textil en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, ahora conocido por sus condiciones de esclavitud; a Luis Ángel Casas, también empresario de la industria textil y jefe de finanzas de Mario Marín durante la campaña por la gubernatura... Hay que escribir particulares entre comillas porque en realidad forman parte de una amplia red con hilos dentro y fuera del poder formal.
Otros funcionarios poblanos presumiblemente implicados son Valentín Meneses, director de Comunicación Social del gobierno del estado; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado de Mario Marín; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Rodolfo Igor Archundia Sierra, subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos; Luis Guillermo Arsención Serna, ex director de Averiguaciones Previas; José Adolfo Montes Pérez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Manuel Cándido Flores Mendoza, ombudsman local.
(Algunas fuentes mencionan a Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas, en vez de Rodolfo Igor Archundia Sierra).
Como suele operar la lógica de la impunidad -cuyo corolario en este caso es la absolución del precioso-, cuando cambia de parroquia a los curas pederastas y de cuartel a los soldados violadores, algunos de los servidores públicos aquí mencionados han sido removidos (que no cesados). Rosa Aurora Espejel, por ejemplo, fue cambiada a la Agencia Especializada en Homicidios. Luis Guillermo Arsención fue trasladado de la Metropolitana Sur a la Zona Norte. La Dirección de Mandamientos Judiciales, a cuyo Grupo de Aprehensiones estaban adscritos Juan Sánchez, José Montaño y Jesús Pérez, simplemente desapareció. Aunque menores, también hubo cambios en el Juzgado Quinto de lo Penal.
Con su fallo a favor del precioso, la SCJN exoneró también al procurador de Justicia de Quintan Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, al subprocurador de la Zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento Silva, al ex director de Asuntos Jurídicos de la misma Subprocuraduría, Javier Brito Rosellón, y al director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Didier Vázquez Méndez, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.
La SCJN exculpó además a los "particulares" involucrados en el caso, principalmente al llamado rey de la mezclilla, Kamel Nacif Borge, cuya demanda legal contra la autora de Los demonios del Edén, que lo señala como pederasta, movilizó al aparato de "justicia" poblano y al de Quintana Roo; a Hanna Nakad Bayeh, ex propietario de un taller textil en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, ahora conocido por sus condiciones de esclavitud; a Luis Ángel Casas, también empresario de la industria textil y jefe de finanzas de Mario Marín durante la campaña por la gubernatura... Hay que escribir particulares entre comillas porque en realidad forman parte de una amplia red con hilos dentro y fuera del poder formal.
Otros funcionarios poblanos presumiblemente implicados son Valentín Meneses, director de Comunicación Social del gobierno del estado; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado de Mario Marín; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Rodolfo Igor Archundia Sierra, subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos; Luis Guillermo Arsención Serna, ex director de Averiguaciones Previas; José Adolfo Montes Pérez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Manuel Cándido Flores Mendoza, ombudsman local.
(Algunas fuentes mencionan a Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas, en vez de Rodolfo Igor Archundia Sierra).
Como suele operar la lógica de la impunidad -cuyo corolario en este caso es la absolución del precioso-, cuando cambia de parroquia a los curas pederastas y de cuartel a los soldados violadores, algunos de los servidores públicos aquí mencionados han sido removidos (que no cesados). Rosa Aurora Espejel, por ejemplo, fue cambiada a la Agencia Especializada en Homicidios. Luis Guillermo Arsención fue trasladado de la Metropolitana Sur a la Zona Norte. La Dirección de Mandamientos Judiciales, a cuyo Grupo de Aprehensiones estaban adscritos Juan Sánchez, José Montaño y Jesús Pérez, simplemente desapareció. Aunque menores, también hubo cambios en el Juzgado Quinto de lo Penal.
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